Técnicas de Investigación en Investigación Privada

¡A qué padre de adolescente no se le ha pasado alguna vez por la cabeza que le gustaría vigilar por una rendija a su hijo cuando está fuera de casa! Además, siguen muchas las personas que ante sospechas de infidelidad de su pareja no dejan de preguntarse dónde estará ella o él en cada momento y con qué compañía. Estos podrían ser dos situaciones típicas en las que podríamos pensar a la hora de hablar de los servicios de un detective privado. El descubrimiento de ‘líos’ más o menos amorosos o el espionaje a un hijo son, sin embargo, clichés que representan tan sólo en una pequeña parte la labor que ejercen este tipo de profesionales. La evolución de la sociedad, en la que la información fiable y de primera mano se ha convertido en un bien más que preciado, ha procurado un incremento en la demanda de prestaciones de agencias de investigación privada. La demanda de servicios de investigación privada es cada vez más habitual ante las nuevas necesidades de empresas y particulares. Contratar los servicios de un detective o de una agencia de investigación privada no es barato. Con todo, hablar de unos precios medios para este tipo de prestaciones no es cosa fácil, ya que el presupuesto depende mucho de la política de la agencia a la que se acuda, de las características y dificultades que entrañe cada caso particular, y del material que el cliente desee obtener o los servicios adicionales con los que quiera contar.

Como norma general, cuando el cliente expone su caso, la agencia le asesora sobre lo que pueda necesitar y acuerda con él un presupuesto inicial por escrito. En este presupuesto se tienen en cuenta el tiempo por el que se contrata el servicio, las características del mismo y los materiales adicionales (fotografías, vídeos…) al consabido informe escrito donde se detallan las gestiones practicadas y los resultados obtenidos que el cliente desee que se le faciliten. Sin embargo, una investigación que en un principio parece sencilla puede complicarse durante su transcurso y alargarse si el cliente decide continuar con el consecuente incremento de la suma a abonar. Aunque no es la práctica habitual, hay agencias que trabajan con un presupuesto cerrado por caso, independientemente de lo que ésta finalmente llegue a durar. Los honorarios para los servicios de vigilancia y control de comportamientos en general, y los de búsquedas y localizaciones, rondan los 70 euros la hora. Estas tarifas se incrementarían en un 50% si se trabaja de noche o en días festivos. A esto habría que añadir, en su caso, los gastos derivados de desplazamientos, hospedajes y dietas, alquiler de vehículos o material gráfico (fotografías y vídeos), entre otros. Y por supuesto, el IVA. En los casos de investigaciones que entrañen una especial dificultad, es habitual que las partes acuerden otras tarifas de mutuo acuerdo.

El precio de otro tipo de prestaciones, como la elaboración de informes prelaborales, financieros (sobre solvencia, localización de bienes…), o de arrendamientos (duplicidad de domicilios, dedicación del inmueble…) se establece a partir de los 800 euros. El importe se incrementa hasta los 1.000 euros si se trata de informes personales. Servicios más sofisticados, como los relacionados con la seguridad electrónica, no bajan de los 1.500 euros. Se trata, en estos casos, de detectar escuchas clandestinas, ambientales o telefónicas, u otro tipo de dispositivos de observación y control. Es habitual que un detective acuda a un juicio para ratificarse o testificar, ya que sus informes son oficialmente considerados periciales y los propios investigadores privados, testigos, debido a su labor directa, en primera persona, a la hora de obtener los resultados y hacer la peritación. Hay que tener en cuenta que en el 90% de los casos, las pruebas de las investigaciones se presentan en un juicio. Los honorarios son, en este caso, de 180 euros por detective sin IVA.

Las anteriores no son más que tarifas orientativas que las agencias pueden tratar de mejorar para ofrecer opciones más competitivas, siendo ésta la práctica habitual. Por ejemplo, se puede ofertar un 2×1. Es habitual vender un servicio de investigación como si lo estuviera haciendo una persona, aunque en realidad la lleven a cabo dos, o realizar contraofertas que mejoren las condiciones de la competencia.

En el caso de clientes particulares, el pago de los servicios se hace, en su mayor parte, por adelantado. Se les pide una provisión de fondos inicial de entre el 50% y el 75% del total, según el caso. Esta práctica se explica por el creciente nivel de morosidad en nuestro país. En el caso de empresas, cuando los servicios prestados son más habituales y continuados, el funcionamiento es diferente. Se suele trabajar con convenios por los que la entidad contratante se compromete a abonar cada cierto tiempo (por ejemplo, a final de cada mes) las gestiones realizadas en ese período. Por lo tanto, como norma general, pagan a trabajo vencido.

Pese a las grandes sumas de dinero invertidas en una investigación, siempre se debe contar con la posibilidad de no dar con el objetivo. Un detective no puede asegurar al cliente que de una investigación se deriven los resultados esperados, sencillamente porque no depende enteramente de él. Es la propia investigación, el servicio prestado, lo que el cliente paga, no el hecho de llegar a determinado objetivo, además, sobre la peligrosidad de dejarse llevar por promesas que no se pueden cumplir: “si alguien asegura que va a conseguir un objetivo en un determinado periodo de tiempo, está engañando, porque es algo que no está en sus manos”. De hecho, el documento de encargo de prestación de servicios, el contrato que firman tanto la agencia como el cliente, debe incluir una cláusula en la que claramente se libera a la agencia de esta responsabilidad, y el cliente debe ser informado sobre ello. Lo único que se garantiza al cliente es que durante el tiempo que contrate a una agencia, ésta hará las gestiones necesarias para averiguar lo que se le ha pedido.